Las sociedades o empresas que están inactivas ¿están obligadas a presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades?

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Recuerde que circunstancias como que la sociedad permanezca inactiva o que, teniendo actividad, no se hayan producido rentas sometidas a tributación, no eximen al contribuyente de la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Tenga presente que desde el 2016 las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil están obligadas a presentar el Impuesto sobre Sociedades, incluso aunque estén inactivas.

De cara a la próxima declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016, queremos recordarle que están obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades todos los contribuyentes del mismo, con independencia de que hayan desarrollado o no actividades durante el período impositivo y de que se hayan obtenido o no rentas sujetas al impuesto.

Por consiguiente, circunstancias tales como que la entidad permanezca inactiva o que, teniendo actividad, no se hayan generado como consecuencia de la misma rentas sometidas a tributación, no eximen al contribuyente de la obligación de presentar la preceptiva declaración.

¿Quiénes están sujetos al Impuesto sobre Sociedades?

 La sujeción al Impuesto la determina la residencia en territorio español. Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos:

  • Que se hubiesen constituido conforme a las leyes españolas.
  • Que tengan su domicilio social en territorio español.
  • Que tengan la sede de dirección efectiva en territorio español.

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus actividades.

Recuerde que la Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal tiene su residencia en territorio español cuando sus activos principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tiene lugar en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas distintas de la simple gestión de valores u otros activos.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Se incluyen, entre otras:

  • Las sociedades mercantiles: anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, laborales, etc.
  • Las sociedades estatales, autonómicas, provinciales y locales.
  • Las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación.
  • Las sociedades unipersonales.
  • Las agrupaciones de interés económico.
  • Las agrupaciones europeas de interés económico.
  • Las asociaciones, fundaciones e instituciones de todo tipo, tanto públicas como privadas.
  • Los entes públicos (Administraciones del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas, Corporaciones locales, Organismos Autónomos, etc.).
  • Los fondos de inversión regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
  • Las uniones temporales de empresas.
  • Los fondos de capital-riesgo.
  • Los fondos de pensiones.
  • Los fondos de regulación del mercado hipotecario.
  • Los fondos de titulización hipotecaria.
  • Los fondos de titulización de activos.
  • Los fondos de garantía de inversiones.
  • Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común.
  • Los Fondos de Activos Bancarios.

 Como únicas excepciones a la obligación general de declarar, la normativa vigente contempla las siguientes:

   1. Las entidades declaradas totalmente exentas por el artículo 9.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades o que les sea aplicable el régimen de este artículo. Es decir:

El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Los organismos autónomos del Estado y entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

El Banco de España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y los Fondos de garantía de inversiones.

Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en aquél y las instituciones de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.

Los organismos públicos mencionados en las Disposiciones adicionales novena y décima, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.

Las Agencias Estatales a que se refieren las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de las Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, así como aquellos Organismos públicos que estuvieran totalmente exentos de este Impuesto y se transformen en Agencias estatales.

El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética profesional y materias relacionadas.

  1. Las entidades parcialmente exentas a que se refiere el artículo 9.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (entidades sin ánimo de lucro; uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas; colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales, sindicatos de trabajadores y partidos políticos, entre otros) que cumplan los siguientes requisitos:
  • Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.
  • Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
  • Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.
  1. Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común respecto de aquellos períodos impositivos en que no tengan ingresos sometidos al Impuesto sobre Sociedades, ni incurran en gasto alguno, ni realicen las inversiones que dan derecho a la reducción en la base imponible específicamente aplicable a estos contribuyentes.

 Sociedades Civiles

 A partir de 2016 las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil, que venían tributando en régimen de atribución de rentas, pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, seguirán tributando por el IRPF, las sociedades civiles que realicen actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, mineras, así como las profesionales en el sentido de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

Si hace tiempo constituyó una sociedad civil que ahora está inactiva, asegúrese de que fue disuelta y liquidada. No olvide que desde 2016 las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y que ello le obliga a presentar cada año la declaración de dicho impuesto (incluso aunque la tenga dada de baja). De lo contrario, Hacienda puede sancionarle con hasta 200 euros de multa por cada declaración no presentada.

 Atención. Si usted es administrador de una sociedad inactiva y deja de presentar sus declaraciones, Hacienda podría imponerle sanciones. Y si no tiene dinero para pagar, Hacienda podría iniciar un procedimiento de derivación de responsabilidad y exigírselas a usted como administrador.

 Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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Lo que debemos saber sobre la Incapacidad Permanente

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Cuando la incapacidad permanente derive de accidente o enfermedad profesional, no se exige período de cotización, salvo que se trate de una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez por accidente no laboral y el trabajador no se encontrase en situación de alta ni asimilada, en cuyo caso, se le exigirá un período genérico de cotización de 15 años y un período específico de cotización de 3 años cotizados en los últimos 10.

Le recordamos que un trabajador se encuentra en situación de incapacidad permanente (IP) cuando debido a graves reducciones anatómicas o funcionales ve disminuida o anulada su capacidad para trabajar. Para sustituir los ingresos que se dejan de tener al no poder trabajar, se recibe una prestación de la Seguridad Social.

Normalmente se accede a la IP después de haber agotado el plazo máximo de la Incapacidad Temporal (IT) sin que se haya producido una curación o recuperación total de trabajador.

¿Qué tipos o grados de IP existen?

Existen 4 grados de Incapacidad Permanente, dependiendo de lo afectado que esté el trabajador para seguir trabajando:

  1. A) Incapacidad Permanente Parcial (IPP). Cuando las secuelas producen una disminución en el rendimiento normal para su profesión habitual (la que venía desempeñando) que no sea inferior al 33% y al tiempo no le inhabilite completamente para realizarla.
  2. B) Incapacidad Permanente Total (IPT). Inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
  3. C) Incapacidad Permanente Absoluta (IPA). Inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
  4. D) Gran Invalidez (GI).El trabajador afectado por una incapacidad permanente y que necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. Esta situación añade un complemento económico a la prestación por incapacidad que tuviese reconocida para costearse esa asistencia.

Todas estas situaciones son los llamados grados de la Incapacidad Permanente. Son revisables, y es posible, en función de la evolución de la dolencia, pasar de uno a otro.

 El importe de la prestación varía según el grado

En el caso de IPP, es una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que se dio en la incapacidad temporal.

Atención. Es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Es compatible con el mantenimiento del trabajo que se viniera desarrollando.

A la IPT le corresponde un 55% de la base reguladora (basada en sus últimas bases de cotización cuando trabajaba). Dicho porcentaje puede incrementarse en un 20% más para los mayores de 55 años cuando, por sus circunstancias, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual.

A la IPA, le corresponde el 100% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión por Gran Invalidez estará formada por el importe de la pensión que corresponda por incapacidad permanente (total o absoluta), incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario.

Importe del complemento: Será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el Régimen General en el momento del hecho causante, cualquiera que sea el régimen en el que se reconozca la pensión, y el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. En ningún caso, este complemento podrá tener un importe inferior al 45% de la pensión percibida -sin el complemento- por el trabajador.

 

En Contasult Asesores contamos con un equipo de profesionales que pueden orientarle sobre este y otros asuntos.

Reclamación al Banco de gastos generados relativos a su Hipoteca

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Este mes hemos creído necesario realizar este artículo dirigido a todas aquellas personas que hayan formalizado una hipoteca, pues hemos recibido un aluvión de consultas tras la publicación en los medios de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara abusiva la cláusula recogida en la mayoría de las escrituras de préstamo hipotecario por la que se repercute en el cliente el abono de los gastos del otorgamiento de la escritura, actos preparatorios y gastos judiciales.

 

Hasta el momento, los bancos habían venido repercutiendo en el cliente la totalidad de los gastos que se ocasionaban con motivo del otorgamiento de la escritura de hipoteca, de su inscripción e impuestos (o incluso gastos y costas judiciales posteriores) pero, declarada ahora abusiva dicha cláusula por el Tribunal Supremo,  deberán devolverlos.

 

En lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real),  tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación, siendo en este caso el banco quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamos con garantía hipotecaria, ya que así constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución especial. Por tanto, se trata de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas.

 

De igual manera, la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad  es plenamente ajustada a derecho.

 

Aquellos con derecho a reclamar estos gastos serán todos los que tengan una hipoteca viva o que hayan amortizado no más de cuatro años atrás. El camino a seguir es acudir primero al defensor del cliente y después a la justicia. Existe un plazo de cuatro años para reclamar a contar desde la Sentencia de diciembre de 2015, es decir, el plazo límite es el 24 de diciembre de 2019. Para los que han amortizado la hipoteca, podrán reclamar si el pago total se hizo cuatro años antes de la sentencia, es decir, desde el 23 de diciembre de 2011 en adelante. Solo afecta a consumidores, no a empresas, y afecta tanto a hipotecas de vivienda habitual como de segundas o terceras viviendas.

Aunque nunca se puede pensar que es fácil ganar las demandas y menos contra los bancos, que tienen recursos suficientes para recurrir todo lo que no les favorezca, el hecho de que bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell o Ibercaja hayan modificado sus cláusulas tras la Sentencia del Supremo indica que son conscientes de que no estaban bien establecidas. Pese a todo, hay demandas a favor de los clientes, pero también otras en contra. Todavía no existen muchos pronunciamientos, por lo que es pronto para saber si los clientes ganarán de forma masiva.

En Contasult nos ponemos a su disposición para estudiar su caso concreto, siendo necesario que nos aporten: escritura de hipoteca, ampliaciones o novaciones posteriores a esta, recibo de pago de hipoteca (solo si sigue vigente), factura de la gestoría tramitadora, factura del notario y del Registro de la Propiedad correspondiente, carta de pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, certificado de empadronamiento (si el inmueble hipotecado fuera su vivienda habitual) y escritura de cancelación de hipoteca (si estuviera cancelada y tuviera dicho documento).

 

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Seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos

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No cabe duda que la regulación actual de las Sociedades Mercantiles, es especialmente exigente con los administradores y directivos de  las mismas. El entorno en el que los Consejeros, administradores y directivos adoptan sus decisiones diarias es cada vez más complejo y dinámico.

El nuevo marco normativo endurece su responsabilidad civil (Ley de Sociedades de Capital) y penal (Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal), pues establece una responsabilidad solidaria de todos los administradores que participen en la adopción de un acuerdo perjudicial para el patrimonio empresarial, de socios o de terceros. Además, imponen la asunción como propias de las obligaciones sociales incumplidas por no promover la disolución de una empresa a su debido tiempo tal y como dispone la ley, y sancionan con la inhabilitación del cargo y la pérdida de derechos acreedores como consecuencia de una acción de responsabilidad concursal. Y sin olvidarnos que penalizan por la mera omisión de medidas de vigilancia y la no implementación de programas de prevención y detección de riesgos laborales.

Ante esta situación surge la necesidad de proteger incluso el patrimonio de las personas que toman decisiones diariamente en cualquier empresa. Una solución ante esta nueva situación de estos órganos sociales es la de suscribir un seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos (conocidos como “pólizas D & O”).

Se trata de un contrato por el que el asegurador se obliga a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del administrador o directivo de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho relativo a su actuación como tal y de cuyas consecuencias es civilmente responsable. Es decir, es un seguro que cubre la responsabilidad Civil de Consejeros y directivos exonerando su patrimonio personal por reclamaciones de terceros derivadas de actos incorrectos en el ejercicio del cargo.

Recuerde que este tipo de seguros:

  • Protege el patrimonio personal de las personas físicas. No es un seguro para la empresa, aunque está sea el tomador habitual.
  • Únicamente responde de perjuicios financieros, no cubre daños corporales ni materiales.

 

Habitualmente garantizan los gastos de defensa (incluidas las costas procesales), de investigación, así como las indemnizaciones debidas como consecuencia de reclamaciones de terceros presentadas durante el periodo de vigencia del seguro. Igualmente, siempre y cuando la propia sociedad figure como asegurada, asumen como cobertura básica el reembolso a la sociedad de la indemnización que ésta hubiera abonado al directivo o administrador.

Por ello, en el momento de contratar una póliza de seguro D&O, o al revisar las pólizas ya contratadas, es importante que las mismas sean adecuadas a las necesidades y características de la sociedad y de los asegurados, y analizar qué riesgos cubre y sus efectos.

En Contasult podemos ofrecerle un completo catálogo de pólizas de seguros, incluyendo este de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos, por lo que puede ponerse en contacto con nosotros si desea que le facilitemos un presupuesto sin compromiso.

 

Endurecimiento de los fraccionamientos de Impuestos

Tras las últimas novedades legislativas publicadas (LGT art.65.2 redacc. RDL 3/2016, art.6, BOE 3-12-16 RDL 3/2016 disp. trans. única y disp. final 3ª, BOE 3-12-16), desde Contasult nos sentimos en la obligación de comunicarle sin demora el endurecimiento de la concesión de los aplazamientos o fraccionamientos de las deudas tributarias, según las cuales “con efectos desde 1-1-2017 no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del IS, y los tributos repercutidos como el IVA, salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas”.

 En resumen, desde el 1 de Enero de 2.017, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades y del cuarto trimestre de 2016 del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no podrá ser aplazado.

Si tiene cualquier duda al respecto, por favor, póngase en contacto con nosotros www.contasult.com. Estaremos encantados de ayudarle en la elaboración y presentación de impuestos.

 

 

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Su asesoría en Sotogrande y Algeciras les desea Feliz Navidad

Contasult le agradece su apoyo continuo durante el año 2016 y le desea paz, alegría y prosperidad en el próximo año 2017.

Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que su éxito sea fácil y  posible.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

The Contasult team is very grateful for your continuous support during the year of 2016 and we wish you peace, joy and prosperity for the upcoming year of 2017.

We will do everything we can to make your success easy and achievable.

Merry Christmas and Happy New Year!

Gastos deducibles para autónomos que trabajan desde casa. Su asesoría en Sotogrande responde

Hasta hace poco, la Agencia Tributaria no aceptaba que los trabajadores autónomos que trabajan desde casa incluyeran como gastos deducibles en sus declaraciones de IRPF los gastos del hogar como el gas, la electricidad, el teléfono o el agua, pero una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) les ha reconocido el derecho a deducir la parte de estos gastos que corresponda al desarrollo de su actividad. Esta decisión tiene carácter vinculante para las Administraciones Públicas, por lo que Hacienda no tiene más remedio que aplicarla.

Anteriormente, Hacienda permitía deducir gastos como la tasa de basuras, el IBI o la cuota de la comunidad de vecinos, y para ello se tenía en consideración el espacio de la vivienda que se utilizaba para el desempeño de la actividad profesional, pero el problema ahora es fijar una fórmula fiable para determinar la cantidad de suministro de agua, luz, teléfono… que se usa con fines personales y cuál para la actividad laboral. Hasta que se dictó la sentencia, los autónomos tenían que demostrar que los gastos correspondían a la actividad y la Agencia Tributaria podía, incluso, exigir una factura distinta de la emitida por las empresas de servicios para la vivienda, lo que suponía tener dos contadores o dos líneas telefónicas, dificultando la deducción de dichos gastos.

Ahora, los autónomos que tributen en régimen de estimación directa y utilicen su vivienda habitual como lugar de trabajo, pueden deducirse las amortizaciones de la hipoteca, la cuota de la comunidad de propietarios, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros gastos como la tasa de recogida de residuos o el seguro del hogar en proporción a la parte de la vivienda dedicada al desarrollo de la actividad, pero los gastos correspondientes a suministros no podrán deducirse atendiendo sólo a esa proporción, sino que se deberán calcular aplicando un criterio combinado de metros cuadrados del inmueble con los días laborales y el total de horas en que se ejerce la actividad, lo que entendemos va a resultar bastante complicado, pues posiblemente el autónomo que trabaja en casa no lo hará sólo durante cinco días como la mayoría y además le dedicará más de ocho horas diarias. Además, el autónomo deberá acreditar que los gastos se derivan de la actividad económica que desarrolla y están vinculados a la obtención de ingresos.

En cualquier caso y para evitar sanciones, es importante saber que se debe comunicar a Hacienda el porcentaje de la vivienda que el autónomo destina a su actividad empresarial a través del modelo 036 y aplicar dicho porcentaje en la proporción de gastos deducibles.

En Contasult contamos con excelentes profesionales que están al día de todas las novedades para poder ofrecerle el mejor de los asesoramientos.

Contasult SL socio de IusTime, red internacional de Asesorías

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IusTime es una red de asesorías que prestan servicios a pymes y empresas de todos los sectores. Sin perder su autonomía, su imagen y su atención personalizada, Iustime incorpora la cultura de la calidad, la ética y unos honorarios justos basado en el trabajo realizado.

El pasado mes de Octubre, Contasult S.L. pasó a formar parte de esta agrupación, convirtiéndose en socio de pleno derecho.

Iustime y Contasult contribuyen a:

  • Desmitificar la idea de la “rentabilidad de la ilegalidad” como hábito y norma.
  • Señalar los riesgos y contingencias por incumplimientos legales.
  • Buscar la fórmula de economizar los costes de las obligaciones empresariales.
  • Fundar el legado empresarial en el cumplimiento voluntario y responsable de los deberes empresariales.
  • Transmitir transparencia en la gestión e inspirar seguridad y confianza profesional.
  • Afianzar los vínculos entre el asesor y su cliente.

Durante unos días de Noviembre, se celebraron en Madrid unas jornadas en las que participaron algunos de los socios de Iustime, entre los que se encontraba Contasult, representada por su Directora Patricia Larrain.

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Contasult y Assist

ASSIST es un servicio gratuito ofrecido por el Colegio Internacional de Sotogrande (SIS) para ayudar y apoyar a las familias recién llegadas a encontrar rápidamente soluciones a sus problemas de reubicación, sus necesidades domésticas y personales utilizando el poder adquisitivo de la comunidad SIS para negociar descuentos, ofertas y / o privilegios de proveedores locales .

ASSIST extiende sus servicios desde la búsqueda de una casa, un coche, una compañía de seguros, asuntos de inmigración/reubicación, asesoramiento jurídico/fiscal, organizar una cena o una fiesta, pertenencia a clubes y asociaciones locales, la búsqueda de una niñera , el mantenimiento de su jardín, su piscina o su casa, encontrar un médico que hable un idioma que pueda comprender…

 

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ASSIST is a free service offered by Sotogrande International School (SIS) to help and support newly arrived families to quickly find solutions to their relocation issues, their domestic and personal needs by using the buying power of the SIS community to negotiate discounts, deals and/or privileges from local suppliers.

ASSIST services range from finding a house, a car, an insurance company, sorting out immigration/relocation issues, legal/tax advice, organizing a dinner or a party joining local clubs and associations, finding a babysitter, maintaining your garden, your pool or your house, finding a doctor who speaks a language that you can understand.

Colaboración con Sotogrande International School

Contasult es empresa colaboradora del COLEGIO INTERNACIONAL DE SOTOGRANDE y ha tenido el placer de contar con la ayuda de dos estudiantes del colegio que, durante diez días se incorporaron a nuestras oficinas, como trabajadoras, realizando su intership para poder, a través de la práctica y la experiencia en empresas activas, elegir su futura profesión. Samantha y Úrsula pasaron unos días entre el equipo de Contasult y de Sotogrande Legal Services aportando su trabajo y sus ganas de saber cómo funcionan una asesoría y un despacho de abogados en su día a día…

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